Tras 5 horas y 11 minutos la Junta no tuvo los votos necesarios. A las 20.03 en punto comenzó la sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Soriano que trata la posibilidad de denunciar al Intendente por conjunción del interés público con el privado. Posteriormente se leyó una nota remitida por el Partido Nacional con argumentaciones al respecto. Sostiene que la Intendencia realizó un acuerdo con Ancap cuya distribución se efectúa por Ducsa en el marco del Sistema de Contralor Vehicular (Sisconve). Todas las estaciones del sello Ancap suscribieron un contrato de adhesión a nivel nacional. Las estaciones que actúan en plaza funcionan en un entramado que las vinculan entre si. Se desprende claramente que la Intendencia de Soriano no ha contratado directamente con ninguna estación de servicio en particular. Al promediar la nota se ensayan varias interpretaciones jurídicas de compleja explicación, concluyendo que el Intendente está exento de responsabilidad.
Carlos Susaye intervino para dar lectura a una serie de documentos reafirmatorios de la postura esgrimida. Una investigación que dada de más de un año forma parte de una serie de conclusiones que se consideran graves.
Luis Rico, pidió que la bancada del F. Amplio presente documentos de las ventas supuestas ya que lo único presentado "son conjeturas erróneas". La documentación -dijo- que se busca desviar la atención nacional que es de público conocimiento. Calificó la situación del Intendente como "avatares comerciales" y se preguntó si el fin justifica los medios y si habrá valido la pena todo ésto cuando todos volvamos al llano y calificó de "ventaja trapera" la actitud del F.A.
Luciano Andriolo, dijo que la denuncia del F.A, fue estudiada en profundidad tanto como la defensa esgrimida por el Intendente Bascou, censurando incluso las afirmaciones apresuradas de respaldo y apoyo esgrimidas por ejemplo por los senadores Larrañaga y Alonso. Mañana el Intendente será recibido por la Comisión de Etica del Partido Nacional instancia que valoran. En su nombre y el del edil Marco Morosini dijo sentir la necesidad de presentar una propuesta para promover la creación de una comisión investigadora instancia que le reprochó no haber hecho al F. Amplio. Agregó que la intervención del Tribunal de Cuentas también debió haber asesorado a pedido de los ediles.Asimismo consideró conveniente que el Intendente solicitara licencia durante el tiempo que involucren las instancias anteriores.
Marco Morosini reafirmó las palabras anteriores, y se dijo congratulado si se pudieran confirmar con documentos las acusaciones vertidas. Hay más elementos que se podrían haber presentado tanto por el F. Amplio como también desde la Intendencia. Se consideró imposibilitado de tomar una resolución por falta de argumentaciones suficientes por lo que aspiró al asesoramiento en el área del derecho comercial.
Andrés Juri, reparó en la gravedad de la denuncia y repasó los cuatro documentos básicos del F. Amplio, concluyendo que no corresponde introducirse en hechos pertenecientes al mundo de los negocios que perjudicaron la situación del intendente. En referencia al hecho concreto, Juri afirma que comparte el criterio de que la negociación fue Intendencia-Ancap Montevideo, pero que no pudo tomar contacto con un supuesto contrato celebrado entre la Intendencia y Ducsa lo que hubiera clarificado las cosas debidamente. De igual manera opina que el Intendente se benefició de la venta de combustible como básicamente lo reconoció pero técnicamente no estaba en falta, aún cuando hubiera sido conveniente su apartamiento de la negociación para evitar suspicacias y le reprochó a los asesores directos del Intendente no haber intervenido para evitar ulterioridades. Luego defendió la gestión del edil como controlador de la gestión de autoridades pero reconoció que lo apresurado y politización del tema impide llegar a una conclusión sobre culpabilidades. Mocionó para que se pase a un cuarto intermedio hasta conocer los resultados de la intervención del Tribunal de Etica del Partido Nacional pidiendo informes a Ducsa y Ancap los datos que faltan y a las firmas comerciales del Intendente la documentación que respalda las afirmaciones hechas sobre la negociación.
Elsa Barolin, aludió a la necesidad de respetar los extremos probados, y negó un aprovechamiento de una situación determinada. Aludió a voces venidas del propio Partido Nacional censuradoras del episodio. Dijo que cuando un vehículo municipal carga en una estación de servicio carga a Ancap la compra y ésta le devuelve el pago al titular de la estación, un hecho lo suficientemente sencillo como para entenderlo claramente. Se preguntó si hay alguna duda de que el titular de la estación de servicio se beneficia con la venta se pague por vía directa o indirecta. Durante 2016 hubo además una clara intención de beneficiar a Ancap Radial. E incluyó el caso de carga de gasoil en un vehículo en una estación de Dolores cuyos titulares son socios de Bascou en la estación de Mercedes. Puso en ejemplo el caso de Tacuarembó cuyo Intendente W.Ezquerra hizo cargar combustible en Caraguatá 120 kilómetros de la capital con tal de no caer en vinculaciones no éticas.
Alba Bonino, precisó que la presencia de los ediles no es para destacar obras sino para tratar un tema puntual. No denunciar irregularidades nos haría cómplices- dijo- y luego repasó las características de los contratos anteriormente reiteradas para concluír en que la clave está en el surtidor cada vez que un vehículo carga combustible. La incompatibilidad pues, no está en el contrato suscrito por las partes, sino en la relación de la Estación de Servicio con los vehículos que cargan el combustible y especialmente la relación del Intendente como propietario o administrador.
Damián de Oliveira se mostró partidario de leer por sexta vez consecutiva los artículos de la Constitución ensayando el mismo argumento de sus colegas del Partido Nacional, y calificando de tendenciosas las cifras aportadas por el F.Amplio.
Raúl Bruno, removió lo que a esa hora (22.oo) estaba creciendo en tedio al indicar que un integrante de la bancada del F. Amplio cobra un porcentaje de las ventas de combustible que se expenden en una estación de Mercedes, pero aparentemente no es conocido por el resto de sus compañeros de bancada. Más tarde difundió porcentajes de las ventas entre las dos estaciones competidoras de ruta 2.
Maika Acuña, coincidió con la mayor parte de los antecesores nacionalistas no compartir la forma y la oportunidad para formular la denuncia del F.A. y reconoció que la sesión estaba entrando en reiteración de conceptos.
Nilda Costa, fue prudente al sostener que no ensayaría elucubraciones jurídicas y prefirió analizar el tenor de actitudes humanas, y aludió incluso a expresiones del presidenta Vázquez en cuanto a la cargas emocionales. Sostuvo que los blancos están preparados para actitudes revanchistas que se sabía iban a darse.
Federico Koci desde la bancada frentamplista anticipó el contenido de la moción uqe presentaría más tarde el F. Amplio en el que tras las consideraciones propone: 1) que hay lugar a la formación de causa; 2) acusar al intendente de Soriano Agustín Bascou ante el senado de la República, conforme a lo dictado en el art. 93 de la Constitución y el art.38 de la Ley Orgánica Municipal 9515 por los motivos señalados en la parte expositiva. 3) comuníquese al Senado de la República adjuntando obrados aportados por los señores ediles remitiendo copia al señor Intendente departamental,4) dese trámite urgente, Mercedes 25 de setiembre de 2017.
Otras valoraciones en el mismo sentido hicieron los ediles Angel García, Juan Rey, Leonel Silva, Heber Scirgalea, Eduardo Perazza, Luis Ciganda. y Oscar Fracuelli
